La responsabilidad parental otorga a los padres el poder y el deber de tomar decisiones, siempre pensando en el bien de su hijo o hija. Esto se aplica en dos niveles, y el primero se refiere a la vida diaria, es decir, a las decisiones administrativas ordinarias. Se trata, por ejemplo, de la rutina escolar, los horarios, las meriendas o las aficiones habituales. En estos casos, el padre que esté con el niño en ese momento puede decidir por sí mismo. Las decisiones más importantes, también denominadas administración extraordinaria, deben tomarse en conjunto (artículos 316 c.1 y 337-ter c.3 del Código Civil italiano). Este ámbito incluye, por ejemplo, la inscripción en una escuela o universidad, las intervenciones sanitarias importantes, el cambio de residencia habitual, la práctica de un deporte de competición o un viaje prolongado. Si el acuerdo no llega, cualquier padre puede apelar «sin formalidades» ante el juez (artículo 316 c.1 del Código Civil italiano). El juez escucha a los padres y al hijo o la hija (de 12 años o más, o menos si puede discernir) y, si el conflicto persiste, asigna la decisión al padre que considere más adecuada a los intereses del niño o la niña.